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Sáhara Occidental, se suceden las ignominias

Luis de Carlos Calderón. Una de la frases más socorridas, en nuestro idioma español, es la que reza “arrimar el ascua a su sardina” aplicable a aquellos que se aprovechan de situaciones o circunstancias para realizar un uso indebido por interesado de las mismas, ya que en ellos más que la preocupación por un problema y su solución prevalece el interés de un beneficio egoísta. Esto ha sucedido y sigue sucediendo con los profesionales de la política, especialmente de la izquierda, en torno al Sáhara Occidental otrora español. Ciertamente, hecho reconocido por españoles y saharauis, en un principio, se cometieron errores por los representantes de ambos pueblos lo que impidió el fin natural de la independencia con la injusta invasión marroquí. Lo malo es que, siendo las equivocaciones algo habitual en la actividad humana, se reiteren en numerosas actuaciones posteriores de una forma vergonzosa.
En las últimas semanas, se han producido dos hechos deleznables desde los poderes estatales, cada día menos independientes entre sí: la supresión de la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática del mapa del continente africano, con motivo del día de África celebrado el 25 de mayo pasado, en la felicitación de la Ministra de Asuntos exteriores de España a través de su cuenta oficial de Twitter, despreciando que, el citado mapa, es oficial de la UA (Unión Africana) en la que la RASD es miembro fundador, y, posteriormente, la negación de la nacionalidad española, por parte del Tribunal Supremo, a una saharaui con el insultante argumento de que el Sáhara Español no era parte de España. No voy a entrar en disquisiciones jurídicas pues las contradicciones entre distintas sentencias son flagrantes, pero sí expondré una serie de consideraciones por respeto a la verdad histórica.
Con respecto a la primera ofensa, la estulticia del desatino cometido se contesta observando el mapa original y el amputado. Vergüenza para un gobierno, sucesor de otros que sólo son pro saharauis cuando están en la oposición, frente al que esperamos se produzca alguna intervención parlamentaria de cualquier grupo ideológico - pues ya VOX, hace unos meses, presentó una interpelación por medio del diputado de Tenerife en defensa del pueblo saharaui - solicitando su rectificación.
En relación a la segunda ofensa, recordar que la legislación de la era de Franco, mucho más clara que las confusas, tediosas y difíciles de interpretar leyes actuales, con absoluta rotundidad afirmaba, el 10 de enero de 1958, que la nueva del Sahara Español era una más de las provincias españolas – con la misma autoridad que, en 1833, se crean 49 provincias y, en 1927, en la dictadura del general Primo de Rivera, nace una nueva (Las Palmas), constituyéndose el archipiélago canario  en una región de dos provincias –  sin realizar ninguna distinción, con respecto al resto, que afectara a dicha realidad (consúltese como ejemplo Ley 8/1961, de 19 de abril, sobre organización y régimen jurídico de la Provincia de Sahara BOE núm. 95, de 21 de abril de 1961, páginas 6062 a 6062). Fueron decenas las disposiciones publicadas en el BOE, en los años sucesivos, en las que aparecía el Sáhara Español como una provincia más, la 53 y no la 52 + 1. Hubo que esperar al mismo día de la muerte del entonces Jefe de Estado para que fuera publicada una de las primeras leyes con el espíritu de la transición (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 1975, páginas 24234 a 24234), firmada por Juan Carlos de Borbón, introduciendo la idea de que el Sáhara era sólo “un régimen peculiar con analogía al provincial” comenzando así la desautorización de los proyectos de Franco, finalizada ya la elaboración del censo de la población saharaui, para la realización del prometido referéndum. La transición se basaba en el paso de “la ley a la ley” en base a la legitimidad de ambos ordenamientos legislativos, el que moría y el que nacía. Sin embargo, la ley de noviembre de 1975 perdía toda legitimidad por basarse en una mentira –negar la realidad provincial del Sáhara español, totalmente equiparada al resto de las provincias españolas- y de la cual, como una cascada, se derivan todas las demás mentiras que pretendían anular la evidencia de que los DNI, pasaportes y libros de familia de los saharauis manifestaban la realidad de su nacionalidad española. Los que estudiamos el bachiller, elemental o superior, antes de 1975, sin excepción recordamos que los libros de texto de la geografía española exponían estas verdades que eran incontestables.
No sabemos dentro de cuantas décadas, pero podemos afirmar que, en un tiempo, la historia, y en un futuro más lejano el mismo Dios, juzgará a todos los personajes que, de una forma o de otra, han perpetuado esta ignominia contra el pueblo saharaui.
 

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