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Diario YA


 

La Ministra Celaá revela la opción del gobierno

El Derecho Fundamental que no se puede ejercer deja de existir

Francisco Torres García. Es cierto que la Constitución vigente no tiene la mejor redacción del mundo y que en aquellos años el PSOE consiguó que se mantuviera el texto en una calculada ambigüedad capaz de hacer posible lo uno y lo contrario al mismo tiempo. Ello ha permitido a la izquierda, al consenso progre en el que ha participado el PP, forzarla en numerosas ocasiones mientras el Tribunal Constitucional, aprovechando ese consenso, andaba ocupado en otras cosas.

No es que en 1978 el PSOE se auto enmendara abandonado “reivindicaciones históricas” como algunos aún hoy proclaman, sino que, simplemente, las aplazaba a la espera de mejores tiempos (tampoco, como estamos comprobando, fue tan real el abandono del marxismo proclamado entonces por Felipe González). Fue Rodríguez Zapatero quien abrió la recuperación de viejos planteamientos socialistas, incluyendo la fobia a la religión católica, que ahora asume Pedro Sánchez y que van a dar aliento ideológico al nuevo Frente Popular que se anuncia como base del nuevo gobierno (algo tendrán que ofrecer a sus bases como sucedáneo al estar atados al BCE y a Bruselas). Eso sí cuaja el engendro, porque ya sabemos que Pedro Sánchez puede cambiar de compañeros de cama en cualquier momento.

El núcleo duro del sanchismo ya anda en ello de la mano de los pijos-roji-progres que tanto abundan en el socialismo de sillón y de filas. En la carrera de salida, además de la plurinacionalidad, entre los relectores de la Constitución que padecemos, abriendo la boca antes de tiempo para mostrar la intención -lo que es de agradecer- ha brillado la Ministra en funciones, señora Celaá. Nos ha informado que según su lectura de la Constitución, como abanderada del protestantismo laico, no existe el derecho de los padres a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos llevándolos al colegio que consideren oportuno (es una obviedad que, dado que la escuela pública no es neutra, que existen los “idearios de centro” nacidos con la LOGSE, no es posible respetar el derecho si no existe la posibilidad de utilizarlo). La señora ministra no hizo tamaña afirmación o advertencia en cualquier sitio, sino en la apertura del Congreso de Escuelas Católicas (dicho sea de paso: el invitarla a inaugurarlo por darse brillo y mostrar una connivencia y una pleitesía suicida con el poder ya denota la amplitud de miras de los convocantes).

No solo es que la Ministra se amparara en la Constitución, después se ratificara y luego, para acallar la protesta, se refugiara en el eufemismo, sino que sus palabras son un avance de lo que preparan. Así de simple. Lo hizo porque está en su base ideológica y le salió del alma.

La izquierda ha empezado a detectar síntomas de rebelión entre los estudiantes más jóvenes, lo que puede derivar en la crítica al discurso progre que tanto abunda en la educación. Las inclinaciones de los nuevos votantes preocupan a la izquierda y responsabilizan de ello a un sistema educativo que han utilizado en su labor de ingeniería social. Desde hace mucho tienen marcado dos posibles enemigos: la enseñanza concertada y la asignatura de religión. Aunque en el último caso cada vez sea más limitada su influencia, dado su currículo y el grado de aplicación real en los centros públicos.

Creer, como anota nuestro inefable obispo Luis Arguello, secretario de la siempre solícita con el poder Conferencia Episcopal, que las palabras de la ministra son solo un “lapsus”, así las ha calificado, es como poner el lobo a guardar los corderos. ¿Es que nadie ha reparado en el discurso sobre educación del PSOE y de Unidas Podemos o es que Luis Arguello ha descubierto que agachar la cerviz ante Sánchez sirve para muy poco? ¿Qué creía nuestra Conferencia Episcopal, que con entregar a Franco, a la Comunidad del Valle de los Caídos -según se anuncia-, iba Sánchez a olvidarse del IBI, de los colegios concertados, de la asignatura de religión o de las inmatriculaciones?

La ministra Celaá les ha lanzado a la cara un globo-sonda. El pacto PSOE-IU necesita dar a los comunistas triunfos políticos. Estos pasan por la reducción progresiva de la concertada -básicamente católica-, la limitación de líneas en esos colegios derivada de los deseos de los padres de matricular allí a sus hijos (frente a la demagogia de la izquierda y de las “mareas verdes” alguien debería preguntarse: ¿Por qué son tantos los padres que quieren matricular a sus hijos en la enseñanza concertada en colegios católicos?), el recorte en las asignaciones, el control de los idearios y la salida del currículo de la materia de religión (o su reducción a una materia sin valor). Medidas que están en los programas o en el discurso de la izquierda. Por no recordar que es la moral católica el principal adversario, el edificio a derribar, de la ingeniería social de la izquierda y de un modelo pensado para fabricar votantes de izquierda.

Recordemos que todos ellos se deshacen en elogios al espíritu democrático de la II República que aspiran a emular. Un modelo que supuso la prohibición de la enseñanza católica en España cerrando los centros de las órdenes religiosas y prohibiendo a los religiosos ejercer la enseñanza.

Lo que ha hecho, quizás sin medir su alcance, la Ministra Celaá es explicarnos una de las posibles claves del inminente gobierno del Frente Popular II. No hace falta derogar o vulnerar un Derecho Fundamental -no sea que el Constitucional lo tumbe por vergüenza torera, simplemente hay que sonseguir que aunque se reconozca no sea factible ejercerlo. Ese es el santo y seña de la izquierda liberticida.

No hace falta decir más. El problema, en el caso de la enseñanza católica, es que al Secretario de la Conferencia Episcopal y a esta, que anda parapetada tras la excusa de que no van a llevarla al debate político, cabría aplicarles el viejo dicho de que no hay más ciego que el que no quiere ver.